Nadie se quiere bajar del autobús… a no ser que sea para empujarlo.
En un reciente artículo en estas páginas el profesor Gabriel Tortella (EL PAIS, 7-Ene-2004) hablaba de los posibles argumentos que, según él, empujaban a Catalunya a quererse bajar del autobús del Estado español. Creo que conozco lo suficiente a bastantes de los protagonistas del nuevo gobierno para saber que el profesor Tortella se equivoca en el fondo de la cuestión, sin querer, ni atreverme, entrar en la discusión del contexto histórico con que enlaza la situación actual.
Los acuerdos de gobierno del tripartito catalán empiezan reclamando la puesta en práctica de uno de los principios de la Constitución del 78: que la Generalitat sea Estado. Estado español, obviamente. Y ello supone ‘administrar por’ y ‘representar a’ el estado español en el territorio sobre el que tiene competencias, más ejercer su derecho voto en todos los estamentos y agencias estatales que actuan sobre todo el territorio español.
El acuerdo de gobierno del tripartito catalán, que pocos parecen haber leído, ofrece una propuesta muy interesante para que todos los españoles nos sintamos cómodos en España. Pero antes de repasar sus aspectos más polémicos hagamos un ejercicio teórico imaginando qué ocurriría en España con situaciones que forman parte de la más absoluta normalidad cotidiana de otros países realmente descentralizados:
En Nueva York los hoteles cobran un impuesto al turismo de $2 por noche sin que el gobierno federal haya recurrido nunca al Tribunal Constitucional por ello;
Se pueden comprar productos de consumo al otro lado del río Hudson (estado de Nueva Jersey) con distinta fiscalidad a los de la ciudad, sin que por ello nadie acuse de desvertebrar el país;
El alcalde Bloomberg da un cheque de $400 a los propietarios de viviendas a modo de ‘vacaciones fiscales’, y no se oyen voces de protesta de alcaldes vecinos;
En una misma carretera, la velocidad máxima es distinta si estás en un estado u otro, como si de Bilbao a Oviedo debiéramos ajustar la velocidad dependiendo de si nos encontramos en el País Vasco, Cantabria o Asturias.
En ciertas atracciones o eventos los habitantes del estado en cuestión tienen descuento en las entradas; ¿se imaginan que en España los catalanes pagaran menos en Port Aventura?.
Y les aseguro que en EE.UU. nadie duda sobre la unidad de la nación. Ninguna iniciativa legislativa tiene la menor sospecha de antipatriótica. Quizá va a resultar que nos convendría que los presidentes Aznar y Bush fueran más amigos de lo que son… o que no lo fueran sólo por lo que a guerras concierne.
Pero hablemos de Financiación que parece ser la gran preocupación que algunos parecen tener o quieren que la mayoría de los españoles tengan.
El nuevo gobierno catalán trata de establecer un método tan teórico como justo: pagar por renta y cobrar por población. La mayor o menor solidaridad dependerá de la progresividad que todos como españoles queramos para ese pago por renta, pero no debe basarse en las desigualdades en la carga de solidaridad que el nuevo gobierno trata de corregir disminuyendo (que no eliminando) el déficit fiscal catalán. Y para evitar demagogias con el mismo una de sus primeras medidas es que se mida dicho déficit. Cómo de unas cuentas que teóricamente son públicas podemos pasarnos tantos años discutiendo si la aportación de Catalunya a la solidaridad interterritorial son 400 mil millones o son 1.2 billones?. Ese primer ejercicio propuesto nos conviene a todos, como también lo son los 2 siguientes:
El primero es que el nuevo gobierno catalán quiere ingresar por persona lo mismo que ingresan las comunidades forales. Y es que el gobierno catalán habla por lo que es su competencia, pero ¿no deberían pedir lo mismo el resto de CC.AA.?; ¿vamos a seguir permitiendo ‘el decimosexto estado fiscal europeo’ como declararon los representantes del PNV tras su negociación de madrugada con el ministro Rato en la primera legislatura (en la fecha límite del anterior Concierto), cuando el PP necesitaba sus votos y en lugar de corregir el ‘error’ en el cálculo del Cupo vasco de 1981 les dieron un acuerdo contra los intereses del resto de españoles?
El segundo es que Catalunya seguirá aportando a la solidaridad territorial española para que todos los españoles puedan obtener los mismos servicios de las distintas CC.AA. con el mismo esfuerzo fiscal. Y para ello, los únicos matices que los acuerdos del gobierno plantea son que para evaluar dicho esfuerzo fiscal debe considerarse la diferencia en los precios públicos (Barcelona paga una factura del agua muy superior a la media de ciudades españolas) y los peajes (más de la mitad de los kms. de autopistas más autovías de Catalunya son de pago –600 kms. de unos 1,000- cuando en otros territorios son mayoritariamente o totalmente gratuitas).
Otra de las cuestiones que parecen inquietar es la posibilidad de tener presencia ante la UE u otros organismos.
Defender las políticas por las que son competentes las CC.AA. ante foros supranacionales es, en algunos casos, una obligación democrática; lo contrario podría resultar en un fraude al electorado. Me explico con un ejemplo: imaginemos que parte del apoyo electoral de un partido ‘verde’ que consigue entrar en un gobierno autonómico es debido a su programa sobre protección de puertos, sobre las que dicha CC.AA. es competente. El representante ‘verde’ en el gobierno resulta ocupar finalmente la consejería de Medio Ambiente en la que podrá desarrollar su programa electoral, y la Unión Europea decide tener una reunión sobre puertos a la que acude… ¡el Ministro español sin competencias en la materia! Dicho hipotético fraude electoral sólo tiene 2 soluciones: o se convierte el Senado en una verdadera Cámara Territorial en la que se discutan las políticas particulares de cada territorio competente y se decida el representante que acudiría a cada foro determinado, o se permite la posibilidad de acceder directamente a dichos foros por parte de las CC.AA. afectadas.
Y, para finalizar, la descentralización de la Justicia, que ni forma parte de los acuerdos del tripartito pues no había nada en lo que no se estuviera de acuerdo: urge descentralizar y hacer más eficiente la Justicia española de cuya precaria situación tenemos noticia todos los días, pero es que además conviene que la misma esté más cerca del ciudadano y del conflicto hasta su última instancia. Incluso si ello supone tener resolver en base a su legislación local (si el problema es también local) el destino de todo el país como le ocurrió a la Corte Suprema de Florida en las últimas elecciones presidenciales de EE.UU. sin que el Tribunal Supremo se pronunciara hasta que la Corte Estatal le trasladó la decisión…
Construyamos España entre todos evitando el desapego de los que por discrepar de una idea única parece que no contamos. Empujemos todos el autobús. Todos el mismo. Discutamos si debemos desviarnos a izquierda o derecha, si buscar el ramal de la periferia o el del centro, pero empujemos todos desde detrás. Que nadie se dedique a obstruir el camino o a poner palos en las ruedas. Es con el autobús en movimiento como más nuestro lo sentiremos todos. Si sigue aparcado en un estacionamiento cubierto de polvo y oliendo a rancio muchos vamos a seguir incómodos.
Oriol Rius
Nueva York, Enero 2004
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